En los últimos meses, la reforma judicial impulsada por el actual gobierno ha generado una fuerte preocupación en distintos sectores de la sociedad. Esta preocupación no es infundada. La propuesta, y ahora inminente implementación de elegir jueces por medio del voto popular no representa un avance democrático, como se ha querido hacer creer, sino un grave retroceso que compromete la imparcialidad de la justicia y destruye la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Riesgo de Politización de los Jueces
Uno de los principales problemas de esta reforma es que, aunque no se diga, permite que los jueces sean seleccionados por afinidad política, por venir propuestos por los poderes, favoreciendo al partido en el gobierno. Cuando los jueces deben su cargo a un interés partidista, es lógico suponer que sus decisiones no serán totalmente independientes. Esto genera un escenario sumamente peligroso: jueces que, en lugar de proteger los derechos de las personas frente a los abusos del gobierno, podrían actuar conforme a los intereses de este.
Pérdida de Independencia del Poder Judicial
La función del Poder Judicial ha sido, históricamente, servir como contrapeso frente a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. Su independencia es clave para garantizar que las autoridades no excedan sus límites ni vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, con esta reforma, ese contrapeso desaparece. La justicia dejará de ser imparcial y se convertirá en una herramienta de legitimación d el poder.
En la práctica, esta elección de jueces ya fue realizada, y como era de esperarse, se hizo con claras preferencias partidistas. Aunque aún no hay sentencias dictadas por los nuevos jueces, la intención del gobierno es evidente: tener un control total de los tres poderes para eliminar cualquier forma de oposición. Esto pone en grave riesgo a todos aquellos ciudadanos, periodistas, activistas o políticos que disientan del régimen actual. Al no contar con jueces imparciales, pierden la posibilidad de defensa efectiva frente a actos arbitrarios de la autoridad.
Además, existe un problema igual de grave: la falta de información y comprensión por parte de la ciudadanía. Muchos no alcanzan a ver la magnitud del daño que esta reforma puede causar, ya que el discurso oficial la presenta como un acto de “democratización del poder judicial”. La realidad es que lo que se pretende no es acercar la justicia al pueblo, sino
someterla al gobierno.
Un Riesgo para la Democracia
Esta situación no es propia de una democracia, sino de un régimen autoritario. Un país donde el partido en el poder controla el Congreso, la Presidencia y ahora también el Poder Judicial, es un país sin equilibrios, sin garantías reales y sin justicia.
Por estas razones, nos manifestamos en contra de la reforma judicial. Es urgente revertir esta reforma e impedir que los jueces sigan siendo elegidos, ya que es un hecho que los partidos políticos al ser los que históricamente promueven el voto mediante sus estructuras, que incluso forman parte de todos los lugares, serán los que a la postre movilizaran candidatos por afinidad política mediante sus organizaciones. Es importante restablecer los contrapesos que permitan la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales. La seguridad jurídica no es un lujo, es una necesidad en cualquier Estado democrático. Si la perdemos, lo perdemos todo.
Invito a los lectores a no permanecer indiferentes. La defensa del Estado de Derecho y de nuestros derechos no es solo tarea de los estudiantes de Derecho, de los abogados o de los jueces, sino de toda la sociedad. Si no alzamos la voz hoy, mañana será demasiado tarde.
Autores: Alonso Bernal Biagi y Ximena Reyes Villaseñor,
alumnos de 3er cuatrimestre de la Licenciatura en Derecho.
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