Introducción
La reciente embestida contra los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) en México, justificada bajo el ambiguo paraguas de la "simplificación administrativa", la “corrupción de dichos organismos” y la "austeridad republicana", que llegó a su punto más dramático con la sonadísima y controversial desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), constituye uno de los debates más urgentes y peligrosos en nuestra esfera jurídica y política actual. Lejos de ser un mero ajuste de estructuras gubernamentales con miras a la eficiencia gubernamental, esta tendencia a centralizar funciones que con tanto esfuerzo se descentralizaron representa un retroceso preocupante en la evolución y conformación de nuestro Estado democrático.
La Génesis de la Autonomía: Respuesta a la Ineptitud Histórica
Para entender por qué los OCA son esenciales, debemos recordar su origen. Resultaría ingenuo (e históricamente falso) suponer que los OCA nacieron de un acto de caridad institucional o de la espontánea vocación autolimitante de los altos burócratas, sino que surgieron como imposiciones o debido a una necesidad histórica resultado de una desconfianza colectiva profunda que ha permeado hasta todos los rincones de este país y en todos sus niveles de Gobierno. Es decir, es innegable que la ciudadanía desconfía tanto de sus policías municipales como de los altos mandos de las Secretarías de Estado.
Entonces, se afirma que los OCA son el resultado directo de la reiterada ineptitud, omisión descarada y corrupción sistémica que ha caracterizado, históricamente, a amplios sectores del Gobierno centralizado en todos sus niveles. En temas vitales como el combate a la corrupción, la protección de derechos fundamentales o la garantía de elecciones limpias, el historial del Gobierno federal y de sus dependencias es de nulos o escasos avances. El incumplimiento del Estado (dígase “Estado” como concepto abstracto por no mencionar nombres de funcionarios y funcionarias públicas) no solo ha sido notorio, sino cínico. Ha sido tan evidente la falla estatal para asegurar lo mínimo indispensable, que la sociedad y el orden constitucional tuvieron que recurrir a una especie de “organismo de emergencia”, creando entes blindados, alejados de la tradicional teoría de la separación montesquieuana del poder, y auténticos fiscalizadores con independencia técnica, para arrancar del poder central el cumplimiento, al menos, de sus obligaciones más elementales.
La Insuficiencia de la Vigilancia Ciudadana y la Necesidad de la Capacidad Técnica
Es innegable que la participación ciudadana es base - la columna vertebral - de una democracia activa. Nadie niega que los mecanismos para fomentar esta participación existen. Basta con una búsqueda simple en el internet para descubrir que contamos con una vasta legislación sobre mecanismos de participación ciudadana y de contraloría social (plebiscitos, consultas, presupuestos participativos, encuestas, etc.). Sin embargo, la realidad es que estos mecanismos suelen ser ineficientes, poco entendibles por la complejidad de los temas abordados, o con bajísimos niveles de participación.
Por otro lado, la gravedad de los problemas cotidianos en México – la delincuencia organizada, el rezago educativo, la pobreza, el desempleo, la salud mental, etc. - impone una agenda prioritaria de supervivencia a la ciudadanía que impide a esta misma ejercer una vigilancia exhaustiva sobre la res publica, como pretendían los antiguos griegos. La exigencia de la modernidad es clara: la complejidad de la gestión pública demanda que la función de fiscalización recaiga en organismos de alta capacidad técnica, legalmente blindados e independientes, que posean el rigor y la objetividad necesarios para auditar sin el conflicto de intereses inherente al poder central, capaces de tomar decisiones en representación de la sociedad.
Mientras observamos con esperanza el auge de observatorios ciudadanos en temas sensibles como la violencia de género, es preocupante ver cómo el activismo cívico en áreas fundamentales como las compras públicas, la transparencia o el presupuesto participativo se debilita. La carga de la fiscalización no puede recaer solo en la sociedad civil; debe ser una función institucional con el músculo y las facultades coercitivas que solo un OCA puede ostentar en la actual conformación del Estado mexicano.
El Conflicto de Intereses Más Descarado: El Caso PROFECO vs. Fiscalización y Transparencia
La incongruencia en lo que decidimos proteger y blindar del centralismo es asombrosa. Basta con mirar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
La PROFECO es un “organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio”, según la Ley Federal de Protección al Consumidor que ha estado vigente desde 1992. Se puede decir que es una entidad con “dientes y garras”, es decir, tiene la facultad de imponer multas ejemplares a empresas abusivas, ordenar suspensiones de comercialización y sus informes sobre productos del mercado se han vuelto referentes sociales e incluso tendencias en redes sociales en ocasiones. Su independencia relativa del Ejecutivo le otorga credibilidad y ha sido ampliamente aceptada por la sociedad como un contrapeso eficaz ante los abusos empresariales.
La pregunta que debe resonar en el debate es: ¿Por qué si consideramos esencial tener una PROFECO fuerte, independiente, y coercitiva para proteger al ciudadano de la empresa privada, no tenemos un OCA con la misma fuerza, autonomía y capacidad sancionadora para proteger al ciudadano de los abusos y la corrupción del propio Gobierno o de la falta de avances en temas de transparencia, control interno, rendición de cuentas, etc.? Lo verdaderamente absurdo es como se ha mantenido esta institución casi intacta por décadas, pero el INAI (como organismos independientes) duró escasos 10 años.
La falta de entes autónomos que ejerzan funciones de fiscalización es un tema que no suele ser discutido en los foros de debate. En lugar de un OCA de fiscalización con independencia real, nos conformamos con órganos internos de control y contralorías estatales y federales que están adscritas y son funcionalmente dependientes del mismo Gobierno central al que se supone deben auditar. Este es, sin lugar a duda, el conflicto de intereses más evidente y desesperanzador en la estructura administrativa del Estado mexicano. Delegar la fiscalización al mismo ente que debe ser fiscalizado es una invitación abierta a la opacidad y la impunidad.
Conclusión: La Autonomía como Garantía de Contrapeso
Los ataques cada vez más preocupantes a los OCA no es un ejercicio de eficiencia, sino un intento de reconcentración del poder. Desmantelar estas estructuras es desmantelar los contrapesos que la nación construyó para su autodefensa frente a la tentación autoritaria y la ineficiencia documentada de las instituciones gubernamentales.
Proteger a los OCA es proteger la capacidad del Estado para hacer lo que el Ejecutivo - y en ocasiones el Legislativo y Judicial - ha fallado en hacer: obligarse a sí mismo a cumplir con seriedad y sin sesgos políticos la ley; a combatir la corrupción; a ponerle fin a la falta de transparencia y a la resistencia a la rendición de cuentas; y, sobre todo, cumplir con las funciones básicas de este ente ficticio al que llamamos “Gobierno” que parecer ser que la que aun no puede hacer es gobernar.
La verdadera preocupación para cualquier mexicano o mexicana consciente no debería ser cómo centralizar más el poder, sino cómo descentralizar más funciones que la historia ha demostrado que la división tripartita clásica del Poder, por sí mismo, no ha funcionado de manera correcta ni transparente.
Autora: Alumna de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo:
KAREN LIZETH GARZÓN PADILLA,
