Reformas Electorales en México... ¿La solución para evitar la corrupción en las elecciones?

El sistema electoral mexicano está compuesto por el INE (autoridad administrativa), el TEPJF (autoridad jurisdiccional), y por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), encargada de investigar y perseguir delitos electorales. Estas tres instituciones, en trabajo coordinado, garantizan la legalidad e imparcialidad de las elecciones.

Desde el año 2022, el Ejecutivo Federal ha presentado al Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales en materia política-electoral, bajo la premisa de la necesidad de disminuir el costo de las elecciones, evitar fraudes electorales y, por ende, eliminar la corrupción.

El denominado “PLAN A”, presentado el 28 de abril de 2022, buscaba reformar 18 artículos constitucionales en materia electoral. Tenía por propósito la desaparición de órganos constitucionales autónomos (OCAS), generando una controversia debido a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), lo que implicaba la desaparición del INE y, con ello, también los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Reducía de 11 a 7 las Consejerías, electas mediante voto de la ciudadanía, y proponía que los Magistrados del TEPJF fueran electos por voto popular, lo cual llamó la atención no solo de integrantes del Tribunal, sino también del gremio de abogados, analistas, colegios, actores políticos y la ciudadanía en general. Eliminaba los 200 Diputados plurinominales que existen actualmente, y el Senado se integraría por 96 escaños, con 3 senadores elegidos en cada entidad por el principio de representación proporcional.

Eliminaba el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, dejando como única fuente de ingresos las aportaciones privadas. Posterior al desechamiento de la primera reforma, el 6 de diciembre de 2022, el Presidente presentó una serie de iniciativas de reformas, proyecto que llamó “Plan B”, el cual se caracterizó por su intención de disminuir el aparato administrativo de las autoridades electorales. Planteaba modificaciones no a la CPEUM, sino a 6 leyes secundarias como la LGIPE, LGPP, entre otras, destacando la eliminación del Servicio Profesional Electoral Nacional, la disminución de 36 oficinas distritales del INE, para pasar de 300 a 264, y eliminaba sus fideicomisos. En ésta no se contemplaba la desaparición de los OPLES; sin embargo, estarían supeditados al INE en una línea jerárquica, y proponía la eliminación de la Sala Regional Especializada.

Éstas se sometieron a discusión, votación y aprobación, por lo que entraron en vigor; sin embargo, días después fueron objeto de 161 controversias constitucionales y 7 acciones de inconstitucionalidad, por lo que la SCJN, como guardián de la Constitución, declaró la inconstitucionalidad y la invalidez de dichas reformas, bajo el argumento de que existían violaciones al proceso legislativo.

Casi dos años después, el 5 de febrero de 2024, a pocos meses de dejar la silla presidencial, el mandatario presentó un paquete de reformas en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024, denominado “PLAN C”. En él retoma las iniciativas propuestas en el “PLAN A,” con algunas modificaciones; entre los aspectos más relevantes propone la creación del INEC, cuyo Consejo General estaría integrado por 7 Consejeros electos mediante voto popular, a partir de propuestas presentadas por los tres Poderes de la Unión; desaparecen los 32 OPLES, y se eliminan las 200 diputaciones y 64 senadurías por el principio de representación popular.

4 pilares en materia electoral del “PLAN C”

Más allá de la factibilidad política en el trámite legislativo, las propuestas requieren de un análisis exhaustivo no sólo por legisladores, sino por expertos en la materia, así como la implementación de mesas de discusión, foros de consulta, entre otros mecanismos de participación ciudadana. Las iniciativas denominadas “PLAN A”, “PLAN B” y “PLAN C” han generado confrontaciones entre distintos sectores; algunos se han manifestado en contra de ellas, asegurando que afectan la autonomía del INE. Además, fueron latentes las inconformidades en diversos sectores de la sociedad, generando movilizaciones y concentraciones a nivel país.

Si bien estas reformas fueron puestas sobre la mesa en el Congreso de la Unión, bajo el argumento de evitar el uso de "excesivas estructuras burocráticas electorales" y “eliminar las candidaturas plurinominales” (Mañanera del Presidente de la República, 2024), es imprescindible un estudio exhaustivo antes de su aprobación, para con ello valorar si la reducción de gastos destinados a campañas y a los diferentes partidos políticos que existen generaría la eliminación de la corrupción, pues recordemos que México se rige por un sistema multipartidista, además de que, para llevar a cabo elecciones transparentes, es necesario un aparato administrativo que no puede ser minúsculo, dada la complejidad de sus funciones y que garantice elecciones libres, imparciales y secretas.

En ese tenor, es preciso mencionar tres puntos clave para entender estas reformas. El primero es que existen aspectos que no pueden ser cuestionados, como la eliminación de las posiciones plurinominales, pues se dejaría de escuchar a las minorías y caeríamos en el escenario de regresar a un partido hegemónico; sobra decir que el sistema político mexicano debe seguir basado en la existencia de pesos y contrapesos. El segundo punto clave radica en aspectos que pueden ser cuestionables, como la disminución a la mitad del financiamiento a partidos y la regulación de las aportaciones privadas, temas controvertidos debido a las cantidades de partidas presupuestales destinadas a éstos; sin embargo, funge como eje sustancial para el desarrollo de la democracia moderna. Si bien todo es perfectible, estas modificaciones deben retomar la experiencia de los pasados procesos electorales. Finalmente, los aspectos que sí caben en aprobación, como la reducción de gastos, reducción del número de Consejeros, nivelación de sueldos y salarios, y la eliminación de algunas prestaciones de los servidores públicos de las instituciones electorales, contribuirían al reforzamiento del sistema electoral mexicano y, al mismo tiempo, fortalecerían la democracia en el país.

Bibliografía

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Obtenido de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/04/asun_4362834_20220428_1651186182.pdf 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y Derogan Diversos Ordenamientos en materia electoral. Obtenido de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/12/asun_4461825_20221206_1670386755.pdf 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Obtenido de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2024/02/asun_4696961_20240205_1707785640.pdf 

Mañanera del Presidente de la República. (05 de febrero de 2024) Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=WGk5Fj4x388 

Reporte de Iniciativas del Ejecutivo Federal, presentadas en el periodo 01/12/2018 a 30/09/2024 del Sistema de Información Legislativa. Obtenido de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/GeneracionReportes/reporteAutomatico1.php?TipoReporte=1&Periodo=4