Las pruebas electrónicas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Por José Roberto Díaz de León Muñoz, alumno de la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo

"Law must be stable and yet it cannot stand still."
— Roscoe Pound

No es ajeno a nosotros que, con el paso del tiempo, la tecnología abarca más áreas de nuestra vida diaria: desde el primer minuto al despertar nos informamos de las noticias del momento con nuestro celular, antes de salir de casa revisamos las condiciones del tráfico y del clima para prepararnos, incluso me atrevería a afirmar sin temor a equivocarme, que todos en el ejercicio de nuestra profesión hacemos uso de los distintos avances tecnológicos para auxiliarnos.

Esto se debe a que, al igual que la sociedad se encuentra en constante crecimiento, la tecnología sigue el mismo paso (en ocasiones a un ritmo más acelerado), ello con el objeto de poder solventar y abarcar las distintas problemáticas que podemos enfrentar en el día a día.

Dicho lo anterior, resulta evidente que ante el crecimiento exponencial de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, es necesario que el derecho evolucione al mismo ritmo que la tecnología, esto es, con el fin de no dejar a la sociedad en un estado de incertidumbre respecto al uso de la misma.

Esto ha sido un tema en boga en los distintos recintos académicos, tribunales, foros jurídicos, etc. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre la necesidad de regularizar y legislar en materia de inteligencia artificial? ¿Cuántas legislaciones no han modificado tipos penales para prevenir y sancionar el uso de las nuevas tecnologías como medio para la comisión de delitos?

Es una realidad que los temas abordados anteriormente merecen un análisis constante para fortalecer su regulación. Sin embargo, en esta ocasión el propósito es tocar un tema distinto que, aunque no suele ocupar un lugar central en el debate jurídico, puede aportar beneficios importantes para la impartición de justicia administrativa.

El tema que se busca abordar en el presente ensayo corresponde a las pruebas electrónicas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la forma en que su regulación puede mejorar, con el objetivo de que la impartición de justicia administrativa se vea beneficiada y responda de mejor manera a las necesidades actuales.

Lo que dice la ley hoy

Por un lado, encontramos que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 40, señala que en los juicios tramitados ante el Tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesión de las autoridades mediante posiciones. A partir de esta disposición podemos entender que no existe una exclusión respecto de algún medio de prueba.

Las pruebas electrónicas, como los mensajes de texto, documentos con firma electrónica, videograbaciones, grabaciones de audio o correos electrónicos, pueden formar parte del caudal probatorio dentro de los juicios contenciosos administrativos.

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 46 refiere que, cuando se trate de documentos digitales con una firma electrónica distinta de la firma electrónica avanzada o del sello digital, su valoración deberá realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 348, 349 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

No pasa desapercibido que esta porción normativa, prácticamente, es la única disposición de toda la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que hace referencia expresa a las pruebas digitales. Partiendo de ello, es válido preguntarnos si una regulación tan limitada resulta suficiente para atender la gran variedad de pruebas electrónicas que hoy en día pueden presentarse dentro de un juicio administrativo.

Una regulación que no alcanza el ritmo de la tecnología

Por ello, se puede considerar que existe una necesidad de fortalecer la regulación adjetiva de la materia. Como se ha mencionado a lo largo de este ensayo, vivimos en una sociedad que cambia constantemente y, con ella, también lo hace la tecnología. Aunque estos avances han facilitado muchas de nuestras actividades, también han evidenciado que la legislación no sigue el mismo ritmo.

Esta realidad termina por impactar en la impartición de justicia administrativa, ya que la falta de reglas claras sobre las pruebas electrónicas puede generar incertidumbre al momento de resolver los conflictos entre la autoridad y los gobernados. De ahí la importancia de contar con una regulación más actualizada y acorde con la realidad digital que vivimos.

Conclusión

Es evidente la necesidad de reforzar la regulación de las pruebas electrónicas dentro del procedimiento contencioso administrativo, esto con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los justiciables, y con ello, contribuir a la impartición de justicia administrativa.

Quizá sea momento de mirar hacia otras ramas del derecho y analizar aquellas regulaciones que han demostrado ser eficaces, para valorar si algunas de ellas podrían adaptarse e implementarse en esta materia.