Hablar de izquierda y derecha dentro del ámbito político normalmente implica pensar en dos posturas opuestas, casi irreconciliables. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico y constitucional, esa diferencia puede diluirse cuando cualquiera de estas corrientes alcanza el poder. La experiencia histórica demuestra que los gobiernos, sin importar su ideología, tienden a concentrar facultades y a utilizar el derecho como un instrumento para legitimar sus decisiones. En este sentido, la frase “la izquierda y la derecha son los mismos” puede entenderse no como una negación de sus diferencias teóricas, sino como una crítica a la forma en que ambos pueden ejercer el poder.
El jurista Hans Kelsen, uno de los más influyentes del siglo XX, sostenía que el derecho debía entenderse como un sistema normativo independiente de consideraciones políticas o morales. Su teoría pura del derecho pretendía evitar que las ideologías dominaran la aplicación de la ley. No obstante, la propia vida de Kelsen demuestra que el derecho nunca está completamente aislado del poder político. Durante el ascenso de regímenes autoritarios en Europa, particularmente en Alemania bajo el régimen de Adolf Hitler, el derecho fue manipulado para justificar decisiones arbitrarias, expulsiones y persecuciones, incluso contra juristas de alto nivel.
Este ejemplo histórico resulta relevante porque muestra cómo un sistema jurídico puede transformarse en un instrumento del poder cuando desaparecen los contrapesos institucionales. En el caso mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece precisamente un sistema de división de poderes con el objetivo de evitar abusos. El artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Sin embargo, en la práctica política, esta separación puede verse debilitada cuando existe una mayoría dominante o cuando las instituciones carecen de independencia real.
Desde esta perspectiva, tanto gobiernos de izquierda como de derecha pueden incurrir en prácticas similares, como la utilización del aparato estatal para favorecer a sus aliados, presionar a los opositores o modificar leyes para consolidar su permanencia. Por ejemplo, la facultad del Congreso para reformar la Constitución, prevista en el artículo 135, puede ser utilizada tanto para ampliar derechos como para fortalecer el control del poder político. La norma es neutral, pero su aplicación depende de quienes la ejercen.
Desde esta perspectiva, tanto gobiernos de izquierda como de derecha pueden incurrir en prácticas similares, como la utilización del aparato estatal para favorecer a sus aliados, presionar a los opositores o modificar leyes para consolidar su permanencia. Por ejemplo, la facultad del Congreso para reformar la Constitución, prevista en el artículo 135, puede ser utilizada tanto para ampliar derechos como para fortalecer el control del poder político. La norma es neutral, pero su aplicación depende de quienes la ejercen.
Otro aspecto importante es el papel del Poder Judicial. La Constitución mexicana establece en su artículo 94 la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano máximo del Poder Judicial Federal. Su función principal es garantizar la supremacía constitucional y resolver controversias entre poderes. Sin embargo, si este poder pierde independencia o legitimidad, el sistema de frenos y contrapesos se debilita considerablemente. En tales circunstancias, cualquier gobierno podría actuar con mayor discrecionalidad, lo que puede derivar en prácticas autoritarias.
Asimismo, el juicio de amparo, regulado principalmente por los artículos 103 y 107 constitucionales, constituye uno de los mecanismos más importantes para la protección de los derechos humanos frente a actos de autoridad. Este instrumento refleja la idea de que el Estado debe estar sujeto al derecho y no al revés. No obstante, su eficacia depende de que los jueces actúen con imparcialidad y de que los ciudadanos tengan acceso real a la justicia. De lo contrario, la protección constitucional se vuelve meramente formal.
También es relevante considerar que las políticas públicas suelen justificarse mediante discursos ideológicos distintos, pero sus efectos pueden ser semejantes. Tanto gobiernos que se autodenominan progresistas como aquellos que se consideran conservadores han recurrido a medidas de seguridad extraordinarias, uso intensivo de fuerzas armadas o restricciones a ciertas libertades, argumentando razones de estabilidad o interés nacional. Esto demuestra que la lógica del poder puede imponerse sobre las diferencias doctrinales.
Por otro lado, el derecho administrativo mexicano otorga amplias facultades al Ejecutivo para implementar programas, reglamentos y actos de autoridad. Si bien estas facultades son necesarias para la gobernabilidad, también implican riesgos si no existe supervisión adecuada. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece principios como legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pero en la práctica los ciudadanos muchas veces enfrentan dificultades para impugnar actos arbitrarios.
En conclusión, desde un enfoque jurídico, la afirmación de que la izquierda y la derecha son los mismos puede interpretarse como una advertencia sobre los riesgos inherentes al ejercicio del poder. Las ideologías pueden diferir en sus planteamientos, pero cuando las instituciones son débiles o carecen de autonomía, cualquier gobierno puede utilizar el derecho para consolidar su autoridad. Por ello, más importante que la orientación política de un régimen es la fortaleza del Estado de derecho, la independencia judicial y el respeto a la Constitución. Solo mediante estos elementos se puede evitar que el poder se vuelva despótico y que el derecho deje de ser un límite para convertirse en un instrumento de dominación.
Autor: Luis Alberto Jesús Barrios Mariscal, alumno de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.
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