La eutanasia como derecho humano: ¿quién debe decidir sobre nuestra muerte?

Por Luis Javier Omaña Castillo y Vanessa Alexandra Seañez Ochoa. Estudiantes de la carrera de Derecho de séptimo cuatrimestre.

Hablar de eutanasia no es sencillo. Para algunas personas representa una decisión de libertad y dignidad; para otras, significa cruzar un límite que el ser humano y el Estado no deberían permitir. Pero, más allá de nuestras creencias personales, existe una pregunta que resulta inevitable: ¿tenemos derecho a decidir cómo vivir, pero no sobre cómo morir?

La eutanasia no es un tema nuevo. Desde la Antigüedad, filósofos como Sócrates y Platón reflexionaron sobre la vida, la enfermedad y la muerte. Posteriormente, las distintas religiones también influyeron en la manera en que las sociedades entendieron el final de la vida. Sin embargo, el debate moderno comenzó a tomar una forma jurídica durante el siglo XX. En 1935, el médico británico Killick Millard fundó la Voluntary Euthanasia Legalisation Society, organización que buscaba impulsar la legalización de la eutanasia voluntaria en Reino Unido. Sus propuestas fueron rechazadas en distintas ocasiones, pero el debate continuó creciendo hasta convertirse en una cuestión internacional.

Con el paso de los años, algunos países comenzaron a modificar sus legislaciones. Países Bajos y Bélgica legalizaron la eutanasia en 2002 bajo determinadas condiciones, posteriormente se sumaron otros países como Luxemburgo y España. Sin embargo, es importante aclarar que eutanasia y suicidio médicamente asistido no son exactamente lo mismo. En la eutanasia, un profesional de la salud realiza la intervención que provoca la muerte a petición del paciente; en el suicidio médicamente asistido, el médico proporciona los medios y es el propio paciente quien realiza el acto final.

Entonces, ¿qué entendemos por eutanasia? En términos generales, se trata de una intervención médica destinada a provocar deliberadamente la muerte de una persona que la solicita, normalmente frente a una enfermedad grave o incurable y bajo determinadas condiciones legales. Esto tampoco debe confundirse con los cuidados paliativos, cuyo objetivo es disminuir el dolor y el sufrimiento sin provocar deliberadamente la muerte.

¿Por qué hablar de la eutanasia como un derecho humano?

Aquí comienza realmente el debate jurídico.

Los derechos humanos buscan proteger la dignidad, libertad y autonomía de las personas. Entre ellos encontramos derechos como la vida, la salud, la integridad personal, la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello surge una cuestión que merece ser discutida: si una persona tiene derecho a tomar decisiones fundamentales sobre su propia vida, ¿hasta dónde debería llegar esa autonomía cuando se encuentra frente a una enfermedad incurable y un sufrimiento que considera insoportable?

Decir que la eutanasia ya es un derecho humano reconocido en México sería incorrecto. Sin embargo, sí puede analizarse su posible relación con derechos humanos ya reconocidos, particularmente con la dignidad humana, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

Y aquí aparece uno de los mayores conflictos: el Estado tiene la obligación de proteger la vida, pero también debe respetar la autonomía y dignidad de las personas.

¿Y qué ocurre en México?

Actualmente, México no reconoce legalmente la eutanasia como un procedimiento que una persona pueda solicitar. El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud establece:

“Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio asistido…”

Esto significa que una persona que desee solicitar legalmente la eutanasia no cuenta actualmente con un procedimiento sanitario para hacerlo, y los profesionales que la practiquen pueden enfrentar consecuencias jurídicas.

Pero aquí surge una pregunta mucho más profunda:

¿La prohibición absoluta de la eutanasia puede entrar en conflicto con otros derechos humanos?

Por ejemplo, una persona que padece una enfermedad incurable, que sufre de manera permanente y que, después de conocer su diagnóstico y alternativas médicas, decide que no desea continuar viviendo en esas condiciones podría argumentar que su decisión forma parte de su autonomía, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.

Por el contrario, también puede argumentarse que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y, especialmente, a las personas que podrían encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, presión familiar, depresión o incluso intereses económicos.

Por eso el problema no puede reducirse simplemente a decir “eutanasia sí” o “eutanasia no”.

La verdadera discusión jurídica podría ser: ¿En qué circunstancias una persona podría ejercer una decisión sobre el final de su vida y qué controles tendría que establecer el Estado para evitar abusos?

¿Cómo podría regularse?

La experiencia de otros países demuestra que permitir la eutanasia no significa que cualquier persona pueda solicitarla en cualquier momento. Existen requisitos y controles.

Por ejemplo, en Países Bajos se exige que la solicitud sea voluntaria y meditada, que exista un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejoría, que el paciente conozca su situación y alternativas y que otro médico independiente sea consultado.

Una eventual regulación mexicana podría considerar requisitos similares: que la decisión sea libre, expresa e informada; que el paciente tenga capacidad para decidir; que exista un diagnóstico médico comprobado; que conozca otras alternativas, incluidos los cuidados paliativos; que no exista presión de familiares o terceros; que exista una segunda opinión médica y que todo el procedimiento sea revisado por una autoridad competente.

De esta manera, la discusión dejaría de ser simplemente “permitir o prohibir”, para convertirse en una discusión sobre cómo proteger simultáneamente la vida, la dignidad y la autonomía de las personas.

El verdadero conflicto: vida contra autonomía

Imaginemos nuevamente a una persona con una enfermedad incurable, un sufrimiento permanente y ninguna posibilidad razonable de recuperación.

¿Debe el Estado obligarla a continuar viviendo?

Pero ahora pensemos en el otro extremo:

¿Qué ocurriría si una persona solicita morir porque considera que es una carga para su familia? ¿Qué pasaría si está siendo presionada? ¿Y si existe un tratamiento que podría mejorar considerablemente su situación?

Estos escenarios demuestran por qué una posible regulación tendría que ser extremadamente cuidadosa.

Quienes defienden la eutanasia pueden considerar que una persona debería tener autonomía para decidir sobre su propio cuerpo y sobre el final de su vida cuando se cumplen determinadas condiciones. Quienes se oponen pueden sostener que el Estado debe proteger la vida y evitar que una decisión irreversible sea tomada bajo presión, desesperación o circunstancias que podrían cambiar.

Ambas posiciones llevan a una misma cuestión:

¿Dónde termina la obligación del Estado de proteger la vida y dónde comienza el derecho de una persona a decidir sobre su propia existencia?

México frente a una discusión que apenas comienza

El debate mexicano está lejos de encontrarse cerrado. Existen propuestas legislativas que buscan modificar la regulación de la eutanasia y establecer requisitos para su posible ejercicio. Además, el tema ha llegado al ámbito constitucional y actualmente existen discusiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido.

Esto demuestra que el tema ya no pertenece únicamente a la medicina o a la religión. También pertenece al Derecho constitucional, los derechos humanos, la bioética y la sociedad.

Tal vez por eso la pregunta correcta no sea simplemente:

¿Estás a favor o en contra de la eutanasia?

Quizá deberíamos hacernos preguntas mucho más difíciles:

¿El derecho a la vida obliga a una persona a vivir bajo cualquier circunstancia?

¿La dignidad humana puede comprender también la posibilidad de decidir sobre el final de la propia vida?

¿Quién debería tener la última palabra: el paciente, la familia, el médico o el Estado?

Y finalmente:

Si algún día la decisión fuera tuya, ¿quién debería decidir cómo termina tu vida?

La eutanasia sigue siendo uno de los debates más complejos de nuestro tiempo porque no enfrenta simplemente dos opiniones. En realidad, pone frente a frente algunos de los principios más importantes del Derecho: vida, dignidad, libertad, autonomía y protección de las personas.

Quizá el verdadero reto para México no sea solamente decidir si la eutanasia debe permitirse o prohibirse, sino determinar hasta dónde puede llegar el Estado para proteger nuestra vida sin terminar decidiendo por nosotros cómo debemos vivirla y cómo debemos morir.