Inteligencia artificial y fiscalización algorítmica: uso de la IA por la autoridad tributaria y sus límites al debido proceso

Por Cristina Medina Méndez, alumna de la Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo

Introducción

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en las actividades de las instituciones públicas. En materia tributaria, su utilización permite analizar grandes cantidades de información, comparar datos, detectar posibles irregularidades y seleccionar a los contribuyentes que podrían ser sujetos de una revisión. En México, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con información proveniente de declaraciones, facturas electrónicas, operaciones comerciales y otros registros que pueden ser procesados mediante sistemas tecnológicos.

Esta transformación puede mejorar la eficiencia de la autoridad fiscal y contribuir al combate de la evasión. Sin embargo, también plantea cuestionamientos importantes relacionados con la privacidad, la transparencia, la seguridad jurídica y el derecho de defensa. Cuando una persona es revisada debido a una inconsistencia detectada por un sistema automatizado, debe tener la posibilidad de conocer las razones de la actuación y defenderse de manera efectiva.

Por ello, el uso de la inteligencia artificial por la autoridad tributaria debe analizarse no solamente como un avance tecnológico, sino también desde la perspectiva de los derechos de los contribuyentes. La tecnología puede fortalecer la fiscalización, pero no debe sustituir la intervención humana, la explicación de las decisiones ni las garantías que protegen a las personas frente a cualquier actuación de la autoridad.

¿Qué es la fiscalización algorítmica?

La fiscalización algorítmica puede entenderse como el uso de algoritmos y sistemas automatizados para revisar información fiscal, identificar patrones de comportamiento y detectar posibles incumplimientos. Gracias a estas herramientas, la autoridad puede encontrar diferencias entre los ingresos declarados y los comprobantes fiscales, localizar operaciones inusuales o relacionar información de diferentes contribuyentes. Una de sus principales ventajas es la rapidez, pues un sistema puede procesar en poco tiempo una cantidad de datos que sería imposible revisar manualmente.

El propio SAT ha contemplado el uso de modelos de analítica de datos y aprendizaje automático para clasificar contribuyentes de riesgo, identificar redes complejas de elusión y evasión, y detectar inconsistencias relacionadas con los comprobantes fiscales. Esto demuestra que la fiscalización ya no depende únicamente de revisiones tradicionales, sino también de herramientas capaces de analizar patrones y relaciones entre grandes volúmenes de información.

El uso de la tecnología también puede beneficiar a los contribuyentes. Por medio de sistemas electrónicos, la autoridad puede informar oportunamente sobre errores o inconsistencias para que sean corregidos antes de que generen consecuencias más graves. Asimismo, herramientas como el Buzón Tributario facilitan la comunicación entre el SAT y los particulares, ya que permiten recibir notificaciones, enviar información y consultar la situación fiscal. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no tendría que utilizarse únicamente para sancionar, sino también para orientar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Los riesgos de automatizar la fiscalización

A pesar de estos beneficios, la utilización de sistemas automatizados también genera riesgos importantes. Uno de ellos es la posibilidad de que la autoridad trabaje con información incorrecta, incompleta o desactualizada. Una factura cancelada, una operación registrada de manera equivocada o una diferencia contable que tenga una explicación válida podría ser interpretada por el sistema como una señal de incumplimiento. Si la autoridad toma esa alerta como una conclusión definitiva, el contribuyente podría ser sometido injustamente a una revisión o incluso enfrentar una sanción.

Si la autoridad únicamente señala que "el sistema detectó una inconsistencia", la persona puede quedar en desventaja: no sabrá exactamente qué debe aclarar ni cómo cuestionar la información utilizada.

Otro problema es la falta de transparencia. En ocasiones, los contribuyentes pueden desconocer qué criterios se utilizaron para clasificarlos como sujetos de riesgo o por qué una operación fue considerada irregular. La inteligencia artificial puede generar resultados complejos, pero eso no significa que sus consecuencias jurídicas puedan ser inexplicables.

También existe el riesgo de que los algoritmos produzcan sesgos. Estos sistemas se diseñan a partir de datos y criterios previamente seleccionados. Si la información histórica contiene errores o refleja prácticas desiguales, el algoritmo podría reproducir esos problemas y revisar con mayor frecuencia a determinados sectores económicos, regiones o tipos de contribuyentes. Aunque el sistema parezca objetivo, sus resultados podrían afectar de manera desigual a ciertas personas.

Además, es importante distinguir entre una alerta y una prueba. Que un sistema clasifique a una persona como contribuyente de alto riesgo no significa que haya cometido evasión fiscal. La inteligencia artificial puede identificar una probabilidad o una inconsistencia, pero corresponde a la autoridad verificar los hechos, valorar la información y escuchar las explicaciones del contribuyente antes de emitir una resolución. De lo contrario, se estaría sustituyendo la investigación por una decisión automática basada únicamente en probabilidades.

El debido proceso no desaparece frente a un algoritmo

En este punto adquiere especial importancia el debido proceso. Los contribuyentes deben tener la posibilidad de conocer las razones de los actos que los afectan, presentar pruebas, formular aclaraciones y utilizar medios de defensa. Estas garantías no desaparecen porque una actuación haya sido apoyada por una computadora o por un sistema de inteligencia artificial. La tecnología puede modificar la forma en que la autoridad obtiene y analiza la información, pero no elimina su obligación de actuar de manera legal, razonable y comprensible.

Afirmar simplemente que "el algoritmo detectó una inconsistencia" no debería ser suficiente para justificar una revisión o una sanción.

El SAT debe explicar qué información fue analizada, cuál fue la diferencia encontrada y por qué esa situación puede relacionarse con un posible incumplimiento fiscal. No necesariamente tendría que revelar el código fuente o todos los detalles técnicos del sistema, especialmente si ello pudiera afectar la eficacia de sus mecanismos de detección. Sin embargo, sí debe proporcionar una explicación clara y comprensible que permita al contribuyente conocer el motivo de la actuación y ejercer adecuadamente su defensa.

La intervención humana es indispensable

La inteligencia artificial puede apoyar el trabajo de los funcionarios, pero no debe sustituir su responsabilidad. Un servidor público debe revisar el caso concreto, valorar las pruebas y tomar una decisión conforme a la ley. La intervención humana no puede consistir únicamente en confirmar de manera automática el resultado producido por el sistema, pues eso convertiría al funcionario en un simple ejecutor de una decisión que quizá no comprende completamente.

La existencia de procedimientos electrónicos demuestra que la tecnología puede integrarse a la actividad fiscal sin eliminar la participación del contribuyente. En una revisión electrónica, por ejemplo, el SAT informa sus observaciones a través de medios digitales y el contribuyente tiene la posibilidad de aportar documentación, aclarar las presuntas irregularidades o corregir su situación fiscal. Esto muestra que la eficiencia tecnológica debe mantenerse vinculada con la oportunidad de respuesta y la defensa de la persona revisada.

Tecnología y derechos, no uno u otro

Desde mi punto de vista, el uso de inteligencia artificial por parte del SAT es necesario en una realidad donde existen grandes cantidades de información y formas cada vez más complejas de evasión fiscal. El Estado tiene la obligación de proteger los recursos públicos y puede utilizar herramientas modernas para cumplir con esa función. Sin embargo, la eficiencia tecnológica no debe estar por encima de los derechos de los contribuyentes. Una fiscalización que detecta más irregularidades no necesariamente es justa si utiliza datos incorrectos, carece de transparencia o impide que las personas se defiendan.

Por ello, la inteligencia artificial debería utilizarse como una herramienta de apoyo y no como la única base para imponer una sanción o determinar un crédito fiscal. Toda decisión relevante tendría que ser revisada por una persona responsable, y el contribuyente debería tener la posibilidad de conocer los motivos esenciales de la actuación, corregir datos erróneos, presentar pruebas y utilizar los medios de defensa correspondientes. También sería conveniente que los sistemas fueran auditados periódicamente para verificar que funcionan de manera adecuada y que no producen efectos discriminatorios.

El reto no consiste en elegir entre tecnología y derechos, sino en lograr que ambos elementos funcionen conjuntamente.

Conclusión

La incorporación de la inteligencia artificial a la fiscalización tributaria representa un cambio importante en la relación entre la autoridad y los contribuyentes. Su capacidad para analizar información y detectar patrones puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; sin embargo, su utilidad dependerá de la forma en que sea aplicada.

La tecnología no debe convertir la fiscalización en un procedimiento automático en el que la persona revisada desconozca las razones de la actuación o carezca de posibilidades reales para aclarar su situación. La autoridad debe conservar la responsabilidad sobre sus decisiones y utilizar los resultados algorítmicos como elementos de análisis, no como verdades definitivas.

En este sentido, el desafío consiste en construir una administración tributaria capaz de aprovechar la innovación sin perder de vista el trato justo y la confianza de los contribuyentes. Una fiscalización verdaderamente moderna no será aquella que únicamente procese más datos, sino aquella que utilice la información de manera responsable y permita que sus decisiones sean comprensibles, revisables y razonables.

La inteligencia artificial puede convertirse en una aliada de la justicia tributaria, siempre que se mantenga al servicio de las personas y no por encima de sus derechos.