En julio de 2020, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor generó una de las polémicas más visibles en torno a la regulación del contenido en internet. La inclusión del procedimiento conocido como notificación y retirada (notice and takedown) fue interpretada por muchos como una amenaza directa a la libertad de expresión. Hoy, a cinco años de distancia, el panorama es más claro y permite evaluar con mayor objetividad los alcances reales de esta medida.
El derecho a la vida es el más elemental de todos los derechos humanos. Está reconocido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. Pero en México, ese derecho se vulnera cada día, sobre todo cuando el crimen organizado decide quién
vive y quién muere, y es quien toma las riendas del país. Irma Hernández, una mujer veracruzana, maestra jubilada de 62 años, fue asesinada mientras trabajaba como conductora de taxi, víctima de un sistema donde la vida humana vale menos que el
dinero de una cuota.
En Veracruz, como en muchos otros estados del país, el crimen organizado controla rutas, impone cobros a los choferes y extorsiona con total impunidad. Irma se ganabala vida trabajando con dignidad, pero eso no fue suficiente para protegerla. Fue ejecutada por no pagar una “cuota” que los delincuentes exigen a quienes solo quieren trabajar. Su caso es una prueba más de que el derecho a la vida no está garantizado para todos, especialmente para quienes se enfrentan al abandono del Estado y al control del narco.
El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos. La vida está protegida también por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Pero cuando el crimen organizado actúa con más poder que el propio gobierno, estos derechos se vuelven letra muerta. Irma no solo fue asesinada: fue desprotegida por un sistema que le dio la espalda, que no la protegió como ciudadana ni como mujer trabajadora.
Lo más grave de todo es que su muerte probablemente quedará impune, como tantas otras. En México, según datos del INEGI y de organizaciones civiles, más del 90% de los crímenes no se resuelven. Y mientras tanto, mujeres como Irma mueren por trabajar, por moverse, por resistirse a pagarle a un grupo criminal lo que con esfuerzo ganan cada día.
La historia de Irma nos duele, pero también nos obliga a despertar. Como jóvenes y estudiantes de Derecho no podemos normalizar vivir en un país donde el crimen organizado pone las reglas y el Estado permanece ausente. No se trata sólo de exigir justicia para Irma; se trata de exigir que el derecho a la vida se respete de verdad, no solo en discursos oficiales o en leyes que nadie aplica.
Irma merece justicia. Merece memoria. Y merece que su historia no sea una más que olvidemos mañana, es de esas historias que deben cimbrar a un país que aún sigue reclamando un respeto integro a los Derecho Humanos. Si el Estado no la protegió, al menos que nuestra voz no calle.
Bibliografía
Animal Político. (2024, mayo 3). Asesinan a Irma, conductora de taxi en Veracruz;
colectivos denuncian extorsiones del crimen organizado.https://www.animalpolitico.com/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (1969). Convención
Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José”).
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp
México Evalúa. (2023). Hallazgos 2022: Seguimiento y evaluación del sistema de
justicia penal en México. https://www.mexicoevalua.org/hallazgos-2022/
Autoras: Lidia Jocabet Sandoval Rodríguez y Jocelyn Alejandra González Iñiguez,
alumnas de 3er cuatrimestre..
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