El caballo de Troya detrás de la llamada “Ley Antimemes”

Por José Humberto Yzar Muñoz, Licenciado en Derecho egresado de esta escuela.

En los últimos días seguramente han escuchado hablar de la llamada “Ley Antimemes”. Sin embargo, antes de caer en titulares alarmistas, debemos aclarar algo fundamental: la reforma no establece expresamente que realizar un meme, una caricatura o una sátira en contra del Gobierno constituya un delito.

Entonces, ¿por qué existe tanta preocupación? El 30 de septiembre de 2026, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, entre otras modificaciones, propone adicionar un nuevo artículo 403 Bis. El proyecto todavía debe continuar su procedimiento legislativo antes de convertirse en derecho vigente.¹

El artículo 403 Bis aprobado por el Senado propone sancionar con uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos como la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas, cuando sean empleados para inducir al error o engaño respecto de su origen oficial y exista la intención de cometer un ilícito.²

A simple vista, la finalidad parece legítima. Combatir páginas falsas del SAT, del IMSS o de cualquier institución pública utilizadas para cometer fraudes, obtener información de las personas, suplantar autoridades o generar un beneficio económico mediante el engaño es una conducta que merece regulación.

De hecho, quienes defienden la reforma sostienen precisamente que el objetivo del nuevo tipo penal es combatir la falsificación, la suplantación de instituciones y determinadas conductas fraudulentas, no perseguir memes, caricaturas o críticas políticas.¹

El problema, desde mi perspectiva, no necesariamente está en lo que la reforma dice que quiere combatir. El problema está en la forma en que se construye un nuevo delito que involucra directamente la utilización de la identidad gráfica del Estado.

Y es aquí donde considero que el artículo 403 Bis puede convertirse en un verdadero caballo de Troya legislativo. Porque dentro de una reforma presentada para combatir fenómenos como la piratería, falsificación y utilización fraudulenta de propiedad intelectual, se introduce también un tipo penal que protege la identidad gráfica de las propias instituciones públicas.

Cuando de un lado tenemos al Estado y del otro se encuentra la libertad de expresión de los ciudadanos, la precisión legislativa debe ser particularmente rigurosa.

No porque el artículo diga expresamente que una caricatura, un meme o una crítica sean delitos —porque no lo dice—, sino porque en materia penal el ciudadano debería poder conocer con suficiente claridad dónde termina una conducta permitida y dónde comienza una conducta que puede llevarlo a prisión.

Esta exigencia tiene un nombre: principio de taxatividad.

El artículo 14 de nuestra Constitución establece el principio de exacta aplicación de la ley penal. De él deriva la obligación de que las conductas consideradas delitos sean descritas de manera suficientemente clara y precisa para evitar interpretaciones arbitrarias.³

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido particularmente clara cuando una norma penal puede interferir con la libertad de expresión. Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y 66/2021, relacionadas con el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, la Corte determinó que la falta de taxatividad puede producir un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión: cuando una persona no sabe con certeza qué expresiones podrían traerle consecuencias penales, puede decidir simplemente no expresarse.⁴

Y ahí está, para mí, uno de los principales riesgos. Una norma penal no solamente afecta la libertad de expresión cuando una persona termina condenada. También puede afectarla cuando genera miedo a expresarse.

ARTICLE 19 ha advertido precisamente que, aun después de las modificaciones realizadas al proyecto, conceptos contenidos en el nuevo delito podrían generar interpretaciones excesivamente amplias. La organización reconoce que aparecen elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito, pero considera que siguen siendo necesarias mayores salvaguardas para impedir afectaciones al periodismo, la crítica, la sátira y otras formas de expresión protegida.⁵

Esto resulta particularmente relevante porque la Constitución mexicana protege la manifestación y difusión de las ideas mediante sus artículos 6.º y 7.º.³

Pero existe otro elemento que considero todavía más importante. El artículo 1.º constitucional establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.³

¿Qué significa esto? Que nuestros derechos fundamentales no existen como compartimentos aislados.

Si se genera una afectación indebida a la libertad de expresión, también puede verse comprometido el derecho a la información; si se limita el acceso a la información, puede afectarse el ejercicio periodístico; y si periodistas, estudiantes, ciudadanos o creadores comienzan a evitar determinados temas por miedo a consecuencias jurídicas, también se debilita la participación ciudadana dentro del debate público.

Los derechos humanos se encuentran relacionados entre sí. Por eso, bajo el principio de progresividad, las instituciones deberían avanzar hacia una protección cada vez mayor de los derechos y evitar regresiones injustificadas.

Y aquí es donde considero alarmante la falta de mayor precisión legislativa. No deberíamos tener que confiar únicamente en que una autoridad interpretará correctamente una ley penal. La propia ley debería establecer límites suficientemente claros.

Si el objetivo es perseguir páginas falsas, fraudes digitales, falsificación de documentos y suplantaciones de identidad gubernamental, el legislador tiene la posibilidad de establecerlo de manera específica.

Y también podría establecer expresamente salvaguardas para aquellos usos de símbolos o identidad gubernamental realizados con finalidades periodísticas, académicas, informativas, artísticas, humorísticas, satíricas, paródicas o de crítica política, siempre que no exista una auténtica finalidad fraudulenta.

Porque combatir el fraude es legítimo. Combatir la falsificación es necesario. Y proteger a la ciudadanía frente a quienes suplantan instituciones públicas también lo es.

Pero proteger a los ciudadanos del fraude nunca debería transformarse, directa o indirectamente, en una herramienta que pueda utilizarse para proteger al poder frente a la crítica.

Por eso creo que llamar simplemente “Ley Antimemes” a esta reforma puede incluso distraernos del verdadero debate. La pregunta no debería reducirse a: “¿Me van a meter a la cárcel por hacer un meme?”. La pregunta jurídica que considero verdaderamente importante es:

¿Un tipo penal relacionado con expresiones y símbolos gubernamentales cuenta con límites suficientemente claros para garantizar que mañana no pueda ser utilizado contra el periodismo, la sátira, la parodia o la crítica política?

Porque nuestra libertad de expresión no debe depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien aplique la ley. Debe depender de instituciones, leyes y garantías suficientemente claras para protegerla. Y porque en un auténtico Estado democrático de derecho, la libertad de expresión no existe solamente para proteger aquello que resulta cómodo para el poder. Existe, sobre todo, para proteger el derecho de la sociedad a cuestionarlo.