En diciembre del 2024, en México se aprobó una reforma constitucional que consistió en la eliminación de organismos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. Esta decisión ha generado discusión sobre sus efectos en la democracia mexicana, se tiene un debate sobre si la eliminación fue una buena o mala estrategia. Estos órganos surgen a finales del siglo XX como parte del proceso de la transición democrática.
Su objetivo principal siempre fue garantizar la transparencia, la competencia económica, la evaluación de políticas públicas sin interferencia de los poderes tradicionales.
Desde un punto de vista teórico, se puede decir que los organismos autónomos se crean a partir de la necesidad de crear contrapesos al poder estatal, estos órganos dan la posibilidad de que haya una discrecionalidad gubernamental y también que se garanticen decisiones técnicas imparciales. Hay autores como Luigi Ferrajoli y Gustavo Zagrebelsky que mencionan que la democracia no solo se basa en leyes y elecciones, sino que también necesita de instituciones que limiten el poder y protejan derechos fundamentales.
Para entender un poco más del funcionamiento de los organismos autónomos en México, antes de su extinción cumplían funciones esenciales para el funcionamiento del Estado.
El primero es la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que se encargaba de vigilar que las empresas compitieran de manera justa.
El Instituto Nacional de Transparencia (INAI), se encargaba de garantizar que cualquier persona pudiera acceder y conocer el actuar del gobierno y en qué se gastaban los recursos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que regulaba todo lo relacionado con servicios como internet, telefonía móvil, radio y televisión.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que tenía como función analizar programas sociales, también medía la pobreza y analizaba si el gasto público tenía resultados.
Para el 2024 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de "simplificación orgánica", uno de los cambios que transformaron el sistema político mexicano. Todo esto implicó la desaparición de siete órganos autónomos; entre ellos ya algunos mencionados anteriormente.
El proceso de la aprobación de la reforma fue en noviembre de 2024, en la que la Cámara aprobó la reforma con mayoría calificada, después el Senado de la República la ratificó. Fue aprobada por al menos 17 congresos estatales como requisito constitucional, para que el 20 de diciembre de 2024 el decreto fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Es defendida por tres argumentos principales:
Esta reforma busco que el gobierno federal tuviera una mayor coordinación al centralizar sus funciones.
La reforma elimino siete organismos por lo que implico modificar artículos de la Constitución Mexicana. Las funciones que realizaban estos organismos se distribuyen. Las responsabilidades siguen existiendo, pero ya son dependientes directas del gobierno. Hay un gran cambio en el diseño del Estado: pasa de ser un modelo con órganos independientes a uno más centralizado. Al eliminar estos organismos autónomos, se reduce el número de instituciones que operaban como contrapesos al gobierno. No solo hay grandes impactos en la política, sino también en áreas estratégicas como la transparencia, economía y telecomunicaciones.
Un debilitamiento de los contrapesos institucionales, lo que reduce los mecanismos de control sobre el poder público; afectaciones al derecho de acceso a la información, la desaparición del INAI representa un retroceso a la transparencia, ya que el gobierno será quien administre la información que antes era supervisada por un órgano autónomo; una reducción de la rendición de cuentas, ya que se disminuyen los mecanismos de vigilancia sobre el uso de recursos públicos, lo que puede llegar a generar mayor opacidad, una menor supervisión y sería más difícil detectar la corrupción; y, en cuanto al impacto económico, la desaparición de organismos como COFECE e IFT genera incertidumbre en los mercados.
Por las razones expuestas, la desaparición de los organismos autónomos en México no se puede decir que fue por una medida administrativa, ni un ahorro al presupuesto; la realidad es que es una transformación al modelo democrático. Estas instituciones surgen para resolver problemas históricos del sistema político mexicano su eliminación es un retroceso a la arquitectura institucional del Estado.
Es válido el cuestionar a los órganos por sus posibles fallas y áreas de oportunidad, pero la solución no era desaparecerlos; la solución era fortalecerlos o reformarlos. Lo que provoca es que el Estado pase de ser supervisado a supervisarse a sí mismo. Por lo tanto, en el terreno económico y regulatorio se enfrenta a la incertidumbre a nivel nacional y mundial, al percibirse como un país con menor estabilidad en las reglas del juego. Para concluir, la desaparición de los organismos autónomos es un retroceso administrativo, representa un desvío de la democracia en México, hay un riesgo estructural por la falta de contrapesos sólidos que con el tiempo se perderá la calidad, transparencia y legitimidad.