Por Dra. Ana Cristina Dávila Peña, docente de la Escuela de Derecho
En el marco del Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resulta fundamental reflexionar sobre uno de los compromisos internacionales más ambiciosos de las últimas décadas: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), esta agenda busca entre algunas de sus finalidades, erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, fortalecer la paz y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas. Más que un programa de desarrollo constituye una expresión del compromiso internacional con la protección y materialización de los derechos humanos.
La Agenda 2030 surge del reconocimiento de que el crecimiento económico resulta insuficiente cuando amplios y específicos sectores de la población continúan enfrentando barreras para acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno, la igualdad y la justicia. Bajo el principio de “no dejar a nadie atrás”, los estados firmantes, incluyendo a México, formalizan su compromiso el 25 de septiembre del 2015 durante la Cumbre para el Desarrollo Sostenible en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, asumiendo así la responsabilidad de impulsar políticas publicas orientadas al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la dignidad humana.
Sin embargo, a cinco años de la fecha limita fijada para su cumplimiento, los avances distan de ser alentadores. El informe The Sustainable Development Goals Report 2024, advierte que menos del 20% de las metas establecidas muestran avances suficientes y que más de un tercio presentan estancamiento o retroceso. De la misma manera, la ONU reportó que, tras las recientes crisis sanitarias, económicas y geopolíticas, existían 23 millones más de personas en situación de pobreza extrema y mas de 100 millones adicionales padeciendo hambre respecto a los niveles previos a la pandemia Covid-19.
Desde una perspectiva jurídica, estas cifras representan algo más que indicadores desfavorables; reflejan dificultades estructurales para garantizar derechos humanos básicos y evidencias que las brechas sociales continúan limitando el acceso efectivo a oportunidades de desarrollo. Las problemáticas de pobreza, exclusión, conflictos armados, desplazamientos forzados, los efectos del cambio climático, constituyen algunos de los desafíos que afectan directamente el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos por múltiples instrumentos internacionales.
En este contexto, la educación ocupa un lugar central, siendo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 reconoce que una educación inclusiva, equitativa y de calidad es tanto un derecho humano como una condición indispensable para alcanzar los demás objetivos de la Agenda 2030. No obstante, los datos actuales muestran que este compromiso enfrenta importantes obstáculos; de acuerdo con la UNESCO, aproximadamente 273 millones de niños y jóvenes permanecían fuera de la escuela en 2024 y menos de la mitad de los estudiantes de educación primaria alcanzaban niveles mínimos de aprendizaje en matemáticas. Estas cifras no son únicamente un reflejo estadístico de la crisis educativa mundial; también se manifiestan en las demandas sociales que han surgido en distintos países para exigir mejores condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa. Y es que, en los últimos años, gobiernos, organismos internacionales, comunidades académicas, docentes y estudiantes han advertido sobre la necesidad de incrementar la inversión pública en educación, reducir las brechas tecnológicas generadas tras la pandemia Covid-19 y garantizar entornos de aprendizaje más inclusivos.
La propia UNESCO, a través de las consultas internaciones sobre la educación ha concluido que los desafíos relacionados con la equidad, el acceso y la calidad educativa persisten, mientras que millones de estudiantes continúan excluidos de oportunidades efectivas de aprendizaje. Esto ha derivado en la formalización de la iniciativa de “Educación más allá de 2030” con la finalidad de diseñar, consultar y construir la agenda educativa global que sustituirá o dará continuidad al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tras el vencimiento de la Agenda 2030.
A ello de suma un desafío adicional: la creciente preocupación por la preparación de los sistemas educativos frente a fenómenos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la crisis climática y el aumento de las desigualdades sociales. Estas preocupaciones, han motivado debates internaciones y procesos de consulta impulsados por la UNESCO para redefinir las prioridades educativas posteriores a la agenda 2030, reconociendo que la educación será determinante para enfrentar los retos económicos, sociales y ambientales de las próximas décadas.
Desde la óptica de los derechos humanos, estas demandas no deben entenderse únicamente como reclamos sectoriales, sino que al constituirse como manifestaciones legitimas dirigidas a exigir el cumplimiento de obligaciones asumidas por los estados en instrumentos internacionales que reconocen la educación como un derecho fundamental y un medio indispensable para alcanzar mayores niveles de igualdad, inclusión y participación democrática. La crisis educativa global demuestra que el cumplimiento de la Agenda 2030 no depende únicamente de recursos económicos, sino también de la voluntad de los Estados para convertir sus compromisos internacionales en políticas públicas efectivas.
Para quienes ejercemos la docencia, este panorama representa mucho más que un reto pedagógico, implica asumir un papel activo en la formación de ciudadanos capaces de comprender la relación entre desarrollo sostenible, derechos humanos y responsabilidad social.
La Agenda 2030, reconoce que la educación constituye una herramienta transversal para alcanzar el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, los datos actuales demuestran que garantizar este derecho continúa siendo una tarea pendiente. A cinco años de la meta establecida, el desafío no consiste únicamente en mejorar indicadores internacionales, sino en responder a las crecientes exigencias sociales por una educación más inclusiva, equitativa y de calidad. Si los estados no logran cerrar etas brechas, no solo se comprometerá el cumplimiento de la Agenda 2030, sino también la realización efectiva de uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de las personas y de las sociedades.